Denuncian una estrategia de ‘lawfare’ de las empresas privadas contra los procesos de recuperación de la gestión directa del agua. En el encuentro han participado el alcalde de Manresa y presidente de la CONGIAC, Marc Aloy Guardia.
Esta mañana se han dado cita en Terrassa más de 40 alcaldes, alcaldesas y representantes del municipalismo catalán para presentar un manifiesto conjunto contra la judicialización de las remunicipalitzacions del servicio local del agua. El encuentro se ha querido inmortalizar con una fotografía en el histórico depósito de Can Boada, donde todos los electos han puesto detrás de una pancarta en defensa de la gestión pública del agua. Entre los asistentes, liderados por el anfitrión del encuentro, el ayuntamiento de Terrassa representado por su teniente de alcaldía Lluïsa Melgares, se han podido ver dos concejales de la ciudad de Barcelona, Janet Sanz (Teniente de alcaldesa de la capital catalana) y Eloi Badia (vicepresidente, además, del Área Metropolitana de Barcelona), además de la alcaldesa de Sant Cugat, Mireia Ingla; el alcalde de Manresa, Marc Aloy; el presidente del Consejo Comarcal de Osona y alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Juan Carlos Rodríguez; además de representantes electos de los consistorios de Girona, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Ripollet, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès, Corbera de Llobregat o La Bisbal, entre otros.
El punto en común de la mayoría de estos municipios es que han visto como, durante los últimos años, sus procesos de recuperación de la gestión directa del servicio del agua debían decidir los juzgados. Aunque se trata de una competencia reservada a los ayuntamientos, y que la ley reconoce que son justamente estos los que tienen que decidir cuál es el modelo de gestión que más caso, los convocados del encuentro histórica de hoy denuncian una estrategia de ‘lawfare’ dirigida por los operadores privados, principalmente Agbar, que recorren y impugnan sistemáticamente las decisiones de los consistorios.
Si bien los conflictos judiciales que han trascendido a la opinión pública son los asociados a las poblaciones más grandes, como el del Área Metropolitana de Barcelona, Terrassa o Girona, la realidad es que esta práctica judicial se ha extendido por todas partes. Incluso en municipios que apenas llegan a los 1.000 habitantes, como Vila-rodona, Figaró-Montmany o St. Vicenç de Torelló. Hoy en Terrassa ha denunciado especialmente la actitud de Agbar, que sistemáticamente está impugnado las decisiones democráticas de los municipios para recuperar la gestión directa, promoviendo todo tipo de litigios. al manifiesto presentado hoy, los diferentes municipios denuncian contundentemente «la obsesión de Agbar de anteponer sus intereses y su necesidad de repartir beneficios y dividendos, a costa de las decisiones democráticas de los ayuntamientos, la soberanía municipal, el interés público y la voluntad de la su ciudadanía de mantener un servicio esencial y un derecho humano como el agua bajo la esfera pública «.
El alcalde de Manresa, Marc Aloy Guardia, y presidente de CONGIAC (el consorcio público que aglutina seis empresas públicas abastecedoras de servicio del agua del país) ha exigido que se respete la autonomía local: «No puede ser que una multinacional que no sabemos de quién es ni a qué intereses responde lleve, sistemáticamente, a tribunales a cada ayuntamiento que decide, soberanamente, hacer una gestión pública del agua «. Recordó que en todo el mundo la gestión del agua es pública en un 90%, mientras que en Cataluña sólo lo es en un 10%. Un paradigma que se ha comprometido a cambiar desafiando la estrategia de judicialización: «nos encontrarán de pie, tenemos que ser valientes tomando las medidas que hagan falta para que el agua no es un negocio».
El encuentro lo ha acogida representante del ayuntamiento de Terrassa Lluïsa Melgares, teniente de alcaldía de territorio y sostenibilidad. La capital del Vallès Occidental ha sido referente en la lucha por el agua pública, cuando en 2019 estrenó la gestión pública del agua después de un largo proceso que ha contado con una fuerte oposición de Mina de Terrassa, la concesionaria del servicio desde 1941 y filial de Agbar. En declaraciones posteriores, el alcalde ha manifestado que apoyarán todas las iniciativas unitarias de los municipios «porque cuando se termina una concesión que decide como se da un servicio es el ayuntamiento», ya espoleado a todos a seguir luchando dado que » la Justicia siempre gana, y no hay nada más justo que defender que el agua es un derecho humano «.
En el manifiesto denuncian también una estrategia que, incluso, está impidiendo que los municipios abren el debate a su ciudadanía sobre qué modelo de gestión querrían; sería el caso reciente de Barcelona, donde se ha impedido mediante una impugnación judicial la consulta ciudadana sobre la gestión del agua que quería impulsar el Ayuntamiento, «criminalizando cargos electos, funcionarios públicos y la sociedad civil organizada que la promovió» . Representando la capital catalana, Janet Sanz, teniente de alcaldía barcelonesa, ha declarado que «los ayuntamientos han demostrado que se pueden dar la vuelta a los procesos de mercantilización, y lo estamos haciendo un contexto de judicialización política constante». Recordó que en la capital catalana las denuncias de Agbar han tumbado judicialmente hacer una consulta ciudadana sobre la gestión pública del agua, por ejemplo. Ha insistido en la necesidad de hacer «frente común» municipalista por «invertir la tensión entre derecho y privilegio porque sin agua pública no existe la democracia».
Desde Sant Cugat su alcaldesa, Mireia Ingla, ha recordado el caso de que el objetivo de todos los Alcaldes no es otra que «gestionar el servicio del agua de la manera más eficiente posible, y el modo más racional y eficiente es su internalización «, y defendió la autonomía local respecto a las injerencias externas de las operadoras privadas y el poder judicial.
El concejal de Girona, Martí Terés, ha querido remarcar que el objetivo de la estrategia de judicialización es «intentar ahogarnos y atemorizar con maniobras jurídicas para hacernos desistir de nuestro objetivo de transitar hacia la gestión pública directa». Manifiesta que en la mayoría de casos que la «maximización de beneficios» que buscan los operadores privados ha demostrado conllevar una gestión ineficiente. Aunque aclaró que las empresas privadas llevan tener un papel como proveedores tecnológicos y de servicio, los criterios de gestión «deben ser siempre públicos».
También han dicho su el presidente del Consejo Comarcal de Osona, y alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Juan Carlos Rodríguez. En el ente supramunicipal osonenc han creado una empresa 100% pública para hacer llegar el agua a los hogares de hasta siete municipios de la comarca. Rodríguez ha denunciado que todo el proceso de internalización de la gestión del servicio a la comarca «ha sido sistemáticamente impugnado por Agbar, tanto la delegación de la redacción de los pliegos de los ayuntamientos en el Consejo Comarcal como, incluso, la misma creación del empresa pública «. Y ha acabado interpelando sin rodeos a la empresa privada Agbar: «retire todos los contenciosos administrativos contra los ayuntamientos de la comarca de Osona, porque no detendrán el proyecto: tenemos autonomía local, la Ley dice que el agua es un servicio básico que deben dar los municipios de forma eficiente y mancunada, en su caso «.
(*40*)municipios pequeños
Según dice el manifiesto, «se ha llegado a un punto en que cuando un ayuntamiento, tras una decisión democrática de su pleno municipal, emprende el camino hacia la gestión pública del agua, no sólo tiene que hacer frente a los retos técnicos, organizativos y administrativos que supone asumir el servicio, sino que también debe prepararse para hacer frente a contenciosos y litigios «. Esto afecta especialmente a los municipios más pequeños, con poco personal y recursos limitados, que también han sido bastante presentes en el encuentro. Representantes a los municipios con menos población, la alcaldesa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret, quiso dejar presente que «los municipios pequeños que queremos prestar sin rodeos el servicio de agua, buscamos fórmulas mancomunadas o consorciadas para poderlo hacer de la mejor manera. Lo que las operadoras privadas quieren hacer inviable.
