«No es posible certificar que un dispositivo esté totalmente libre de conflictos». Marta Inglés, técnica de la campaña Electrónica Justa de Setem Cataluña, explica que la fragmentación de la cadena de suministro complica el seguimiento de los materiales y las condiciones de las personas trabajadoras en la industria electrónica.
La necesidad ingente de recursos naturales, los desequilibrios de poder entre los actores de la cadena y una gran falta de regulación y transparencia contribuyen a que esta industria produzca conflictos ambientales, sociales e incluso armados a lo largo de toda la cadena: desde la extracción, y hasta la fabricación y el «descarte».
Minerales en conflicto
En la primera fase, «la sobreexplotación de los minerales, el agua y las tierras, que se produce principalmente en países del Sur Global por parte de empresas mineras degrada el medio ambiente y amenaza la subsistencia de las comunidades locales», además de ‘agravar conflictos armados por el control en la extracción y la comercialización.
Esto sumado a la falta de regulación y transparencia, hace que no se puedan exigir responsabilidades. De hecho, aunque la UE y Estados Unidos prohíben la comercialización de los llamados «Minerales de sangre», Como la cadena de suministro está tan fragmentada, es arduo determinar si hay minerales de conflictos a nuestros dispositivos, comentan desde Setem.
La República Democrática del Congo es uno de los casos que más han trascendido estos últimos años. Los grupos armados del país, acomodado en cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, casiterita y coltán, controlan las minas, fuerzan los trabajadores a extraer los minerales en condiciones peligrosas y precarias, y exigen impuestos y sobornos a las personas transportistas, a compradores locales e internacionales, y los controles aduaneros, según denuncia Alboan.
Setem Cataluña ha investigado con profundidad el conflicto ambiental y social en desierto de Tacama, un Xile, Conocido como el desierto más árido del mundo, y que contiene una de las mayores reservas mundiales de litio, esencial para la producción de las baterías de los aparatos móviles y los coches eléctricos. El litio se extrae bombeando agua subterránea y esto tiene graves consecuencias para las comunidades indígenas de la zona y amenaza la supervivencia de la fauna.
La policía chilena ha reprimido duramente a los movimientos sociales organizados para detener la exploración y las empresas tecnológicas que se abastecen de este litio, entre ellas Panasonic y Samsung, no han querido responder sobre su vínculo con este fenómeno, explica inglés.
Trabajo forzoso en las fábricas
La fase de fabricación no está exenta de conflicto. «Los trabajadores viven graves vulneraciones laborales, tales como la exposición a químicos sin protección, jornadas laborales largas, falta de libertad sindical I coerciones físicas y verbales de parte de los superiores «, exponen desde Setem.
La subcontratación de la actividad manufacturera en países con mano de obra más barata y con menos regulación como China o el Sudeste asiático es un impedimento para trazar el camino que han seguido nuestros dispositivos y exigir responsabilidades.
Un conflicto investigado por Setem Cataluña es el caso de una fábrica de Malasia, de la que se abastecen las principales empresas de chips y semiconductores de Europa y Estados Unidos, como Sony o HP. Los testimonios recogidos de las personas que trabajan demuestran que han sufrido trabajo forzoso, amenazas violentas, retenciones de pasaportes e importantes deducciones salariales, aunque la fábrica lo niega y las tecnológicas no han dado respuesta.
Finalmente, el «descartament» supone el envío y la acumulación de aparatos electrónicos obsoletos en países del Sur Global como Ghana. Las emisiones tóxicas provocan problemas graves de salud en las personas que trabajan y que lo hacen de forma irregular, muchas de las cuales son menores, comenta.
En busca de un modelo justo
«La cuestión no es prescindir de estos materiales en los dispositivos actuales, ni tampoco prescindir de la mano de obra», afirma Inglés, que considera que la solución es que fabricantes y empresas tecnológicas «hagan un control más constante de sus cadenas de suministro y que trabajen para prevenir vulneraciones ambientales y sociales «. También hay que aprueben «nuevas regulaciones vinculantes que exijan responsabilidades a las empresas», que tienen una falta de obligaciones legales.
En este sentido, hay dos iniciativas que hacen un trabajo imprescindible para certificar el respeto de los derechos sociales y ambientales en la cadena de suministro electrónica.
De una banda IRMA (Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable) ofrece procesos de verificación y certificación de las minas para garantizar que tiene lugar una «minería responsable» que respete los estándares sociales y ambientales.
De la otra y con respecto a la fase de fabricación, hay Reloj electrónico, Una entidad que hace monitoreo de las condiciones de las fábricas donde se producen dispositivos electrónicos con el objetivo de garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan.