EL CURSO DE LAS COSAS | Lluís Puig y Gordi | opinión

El año ha comenzado con una comunicado que proporcionadamente puede significar un modismo de divisa en relación con la causa, la militar, abierta por parte del estado profundo contra el independentismo catalán. Conocíamos hace una semana la sentencia del tribunal belga que, aunque algunos tertulianos de Cataluña y de más allá quieran poner agua al caldo -que si no la han podido ojear, que si esta resolución no prescribirá o no suficientemente o vete a entender cuántas y harto variadas objeciones más …- significa la segunda resolución jurídico en firme dictada por un tribunal independiente en Europa (la primera, recordemos fue la proveniente del tribunal de Schleswig-Holstein) que rechaza eso que los politólogos ahora llaman » el relato «de España en dirección a los encausados ​​del proceso.

Para hacerlo en pocas palabras, el tribunal de apelación de Bruselas no sólo ha reafirmado lo que ya había dictado meses antaño en relación a la (in) competencia del Tribunal Supremo gachupin para sentenciar la causa de los representantes legítimos del gobierno de Cataluña cesado por 155, sino que un punto más allá y explicita el «riesgo grave» (cito textualmente, en el punto 3 de la sentencia) de violación de derechos fundamentales en caso de ser judicatura por un tribunal gachupin. De hecho, el punto 3.1 de la sentencia recuerda que, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 4 de la ley sobre la ODE (orden de detención europea, de 19 de diciembre de 2003), «la ejecución de una orden de detención europea debe ser rechazada cuando hay motivos fundados para creer que su ejecución afectará a los derechos fundamentales de la persona implicada, confirmados por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea «. Un Tratado, hay que recordarlo, que reconoce y viga los derechos, las libertades y los principios establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 7 de diciembre de 2008 y que se adhiere al Convenio Europeo para la Protección de los derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Una semana luego de esta sentencia, hay quien ya deje de la «doctrina Puig», pero más allá de los términos sí creo, y así lo han conocedor algunos abogados de miembros del gobierno cierto -como Jordi Pina, que ha reclamado la puesta en familiaridad inmediata de los compañeros Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez, que comienza una nueva etapa, al menos jurídico, en relación con las causas abiertas por el proceso.

Hemos tenido ya algunas muestras. La primera, esta misma semana, se ha traducido en el retorno a Cataluña de Adri (Adrià Carrasco), tras dos primaveras y medio de expatriación belga. Un retorno que ha coincidido con el archivo de una causa más propia de un libretista de segunda B (recordemos que se le acusaba de terrorismo) y que finalmente el judicatura de Granollers ha archivado. El segundo asalto lo tuvimos Jueves en instancias europeas y tiene que ver con el suplicatorio que afecta al presidente Puigdemont y los consejeros Clara Ponsatí y Toni Comín.

Los ahora eurodiputados quedan a la expectativa de la Eurocámara tras comparecer frente a la Comisión de Asuntos Jurídicos por suplicatorio del Supremo. Después de casi tres horas de comparecencia, y sin hacer declaraciones por respeto a los que deben pronunciarse de guisa oficial (que no se ha podido estar es Esteban González Pons, del PP), mis compañeros deben esperar ahora la resolución. Teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo está controlado por populares, socialistas y liberales, puede ocurrir de todo, y muy probablemente la votación de la Eurocámara no tendrá ocupación hasta interiormente de unas semanas -algunos indican que será en el mes de marzo- . Pero sea como sea si se admite el suplicatorio sin entrar a fondo en la violación de los derechos humanos, la Unión Europea quedará como un triste club de estados sin un ámbito de títulos compartidos irrenunciables.