Como reclamar el acceso a internet como un derecho fundamental


Debe ser internet un derecho fundamental para reducir la brecha digital? Y, en este caso, como lo podemos lograr?

Los informes de m4Social Internet, derecho fundamental. Propuestas para reducir la brecha digital y social ‘, Que se presentará al m4Social Day, elaborado por La Mesa del Tercer Sector, Femprocommons I Observatorios DESC, Analiza el marco legal actual a nivel internacional, europeo, español y catalán, y propone iniciativas para reclamar el acceso a internet como derecho fundamental.

derechos cruzados

El texto parte del efecto que tiene el acceso a internet en los derechos recogidos por la ley como el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, asociación y sindicación, el derecho a la participación en los asuntos públicos, Así como el derecho al trabajo ya la buena administración.

Posturas y contenido

Tras analizar las referencias directas e indirectas a los derechos digitales que han hecho los diferentes organismos de la ONU, la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, el informe aborda qué posturas hay al respecto y cuál debería ser el contenido de este derecho.

A partir de la investigación y de las entrevistas a entidades sociales, juristas y activistas, Han diferenciado tres posturas: internet no debería ser un derecho sino un medio electrónico y un espacio, internet debería ser un derecho instrumental, es decir, un derecho que permita la consecución de otros derechos como el de la educación, o internet debería ser un derecho fundamental.

El contenido abarca el derecho de acceso a la red, a las infraestructuras, a los dispositivos, el software, la configuración y en la contratación, pero también el derecho deuso y no uso, De forma que nunca debería ser obligatorio utilizar internet para ejercer nuestros derechos, y el derecho a la participación en la vida pública de Internet, Es decir, el acceso a los canales, los medios y los organismos para poder incidir en la definición de internet y su gobernanza.

posibles acciones

El informe concluye que hay una legislación y un presupuesto para configurar el derecho fundamental a internet, y por tanto, poder exigir a las instituciones. Para ello hace una serie de recomendaciones a la Mesa del Tercer Sector, a las administraciones ya las entidades.

Otorga a La Mesa del Tercer Sector un rol clave para hacer propuestas legislativas y ser agente observador, informador, formador y puente entre entidades y colectivos. También por la defensa en casos de vulneración y exclusión, y para hacer incidencia para reducir las tarifas de internet, sobre todo en hogares vulnerables, y garantizar dispositivos e infraestructuras.

una definición

A nivel constitucional, el informe propone que se incluyan los derechos digitales en una futura reforma de la Constitución el titulo I capítulo 2º de la sección 1ª, tal como propone la abogada Tamara Álvarez: «Toda persona tiene derecho a acceder a internet, ya las tecnologías que lo posibilitan, con independencia de su situación personal, social, económica o geográfica» .

La redacción incluiría dos puntos más: «Los poderes públicos garantizarán un acceso neutral, público, universal, asequible y de calidad basado en los principios de accesibilidad, pluralismo, no discriminación, transparencia y seguridad. (…) Los poderes públicos se comprometerán a eliminar los obstáculos que dificulten el derecho de acceso a internet, a combatir la brecha digital a través de la capacitación y la educación digital «. Incorporar este texto permitiría poder presentar recursos de amparo por la vulneración del derecho a internet.

¿Qué podemos hacer las entidades?

Las entidades sociales disponen de vías judiciales para fortalecer el marco legal del acceso a internet.

A nivel internacional, se pueden interponer quejas individuales en las Naciones Unidas o presentar informes como sociedad civil en el marco del examen del estado español siempre que se esté vulnerando alguno de los derechos recogidos. También se puede chocar desde las relatorías especiales de las Naciones Unidas, o mediante demandas individuales al Tribunal de Derechos Humanos.

Respecto al desarrollo purista, se pueden promover a nivel estatal los artículos 80, 81 y 82 de la ley orgánica 3/2018, que son el derecho a la neutralidad de la red, el derecho a la educación digital y el derecho a la acceso universal a internet. Del mismo modo, se puede hacer presión para incoporar el derecho a las normativas equiparándolo con otros suministros básicos, y habría que hacer incidencia en el Parlamento de Cataluña para que colabore con el gobierno para elaborar un Plan de Acceso a Internet.

En relación con las políticas públicas, Las entidades pueden encabezar campañas en municipios que se pueden beneficiar de iniciativas europeas como wifi4EU, Que proporciona conexión wifi gratuita en lugares públicos, así como impulsar la transición hacia un procom modelú de infraestructura como el de guifi.net y promover la red de comunes tomando como modelo la red GRETA de Ascó. El informe subraya la importancia de la capacitación digital y propone que se hagan cursos en los centros de la administración pública para diferentes colectivos.

Limitándose a la actividad propia de las entidades, el informe expone que se puede hacer incidencia en la capacitación apoderadora actuando en situaciones en que el uso de internet resulta dependiente o forzado, promoviendo el debate, facilitando su uso como herramienta de participación política e impulsando las tecnologías libres y tecnoètiques. También se puede incidir desde elámbito lingüístico promoviendo el catalán y la traducción a las lenguas de las personas migrantes, así como su participación. Y, finalmente, actuar desde la sostenibilidad ambiental, Promoviendo plataformas comunitarias para compartir y reutilizar dispositivos.

De cara a las administraciones, Se proponen una serie deactuaciones legales como la reforma de la Constitución, desarrollos normativos para poder crear el Plan de Acceso a Internet, una campaña del Gobierno de capacitación digital, o utilizar la Carta Catalana de Derechos Digitales como inspiración para toda acción, entre otros.



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