La Generalidad de Cataluña y las administraciones locales han firmado con la compañía Endesa un acuerdo para condonar la deuda acumulada de 35.000 familias vulnerables entre 2015 y 2020.
También se ha firmado el convenio para regular el coste de la pobreza energética que se genere a partir del 1 de enero de 2021, que la compañía asumirá en un 50%.
El acuerdo supone la regulación, por primera vez, de la aplicación de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para hacer frente la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que impide la interrupción de los suministros energéticos a las familias vulnerables.
Contenido del acuerdo
- Endesa asumirá íntegramente la deuda contraída por estas personas y familias vulnerables desde el 6 de agosto de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018.
- La deuda de los años 2019 y 2020, el 50% lo asumirá Endesa y el otro 50% las administraciones firmantes.
- Previamente, las administraciones públicas deberán comprobar la vigencia de la deuda y que las personas y familias se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial. Se comprometen a hacerlo antes del 31 de mayo de 2021.
Según los datos aportados por Endesa, se trataría de unas 35.000 familias en situación de vulnerabilidad social, que suponen una deuda acumulada entre 2015 y 2020 de 38.793.524 euros. De esta cuantía, la deuda correspondiente a los años 2019 y 2020 asciende a 21.316.964 euros.
Deuda a partir del 1 de enero de 2021
La Generalitat y Endesa también han firmado el Convenio sobre concertación de medidas de apoyo a unidades familiares en situación de pobreza energética. Este convenio tiene efecto a 1 de enero de 2021 y la finalidad es garantizar el suministro de servicios básicos.
De acuerdo con este convenio, las compañías suministradoras de energía eléctrica y de gas se corresponsabilizar de los gastos derivados del choque, prevención e intervención en la pobreza energética.
La Generalitat creará un Fondo de Atención Solidaria financiado al menos en un 50% por las compañías suministradoras y, como máximo, en un 50% por la Generalitat.